Quintana, presidente de farmacity, contra la resolución del Ministerio de Salud. (Perfil y La Nación)

Quintana, presidente de farmacity, contra la resolución del Ministerio de Salud. (Perfil y La Nación)

La reciente Resolución 1632 del Ministerio de Salud de la Nación, que prohíbe la venta de ciertos productos en las farmacias, ha generado un fuerte debate. A partir de su entrada en vigencia, será ilegal vender en una farmacia un babero, una barra de cereales o un par de medias.

La legalidad de dicha norma es muy cuestionable, por lo que Farmacity recurrirá a la justicia para que se expida. Pero más allá de lo jurídico, la pregunta es:

¿Cuál es el propósito de la regulación, y a quién busca beneficiar?

El sector de farmacia, como eslabón esencial del sistema de salud, indudablemente debe ser regulado por el Estado para que cumpla con los objetivos del bien común: asegurar cobertura universal, con medicamentos de calidad, con profesionales farmacéuticos al servicio del paciente, con la mejor calidad de atención y a los menores precios posibles.

¿Cuáles de estos objetivos persigue esta resolución?

Claramente no beneficia a la gente.

Desde su misma concepción, Farmacity ha sido siempre una empresa orientada a la gente. Innovó a partir de modelos exitosos de otros países, adecuándolos al gusto de las familias argentinas. En un sector acostumbrado a decidir todo en mesas chicas, de espaldas a la gente, nuestra clave del éxito fue pensar primero en la gente y enfocar todos nuestros esfuerzos para atenderla mejor. A pesar de los muchos errores cometidos, mantenemos una obsesión desde el momento cero: mejorar cada vez más en el servicio a nuestros pacientes, cuidando de su salud y su bienestar.
Sólo como ejemplo, basta recordar la odisea que resultaba tiempo atrás conseguir un medicamento por la noche, cuando no existían farmacias abiertas 24 horas todos los días de la semana.
Fueron los pacientes, con su decisión de compra y con encuestas hechas a lo largo de los años, quienes nos enseñaron qué quieren comprar en nuestras farmacias. Las categorías que se incorporaron buscan su comodidad, y las eliminadas lo fueron por no ser valoradas.

Creemos en la gente y en su capacidad de decidir: así como en el rol ciudadano el poder te lo da el voto, como consumidores el poder te lo da la decisión de qué comprar, a quién y dónde.
Prohibirle a una madre que va en busca de un medicamento a una farmacia que compre un chupete para su bebé o un alfajor para su hija, con el supuesto argumento de defender a la salud pública, no puede sino considerarse un insulto a la inteligencia del pueblo argentino.

También podría uno aducir que la regulación debe beneficiar a los trabajadores del sector. Sin embargo, la llegada del nuevo formato al sector marcó un punto de inflexión: más puestos de trabajo, mejores remuneraciones, más inversión en capacitación y pleno cumplimiento de leyes laborales y previsionales. Los dirigentes gremiales del sector dan fe de ello.

Tras dieciseis años de invertir en el país, y con presencia en catorce provincias, damos hoy empleo directo a 4.697 personas, incluyendo 537 profesionales farmacéuticos.
Si en cambio el objetivo fuera proteger a las farmacias tradicionales, flaco favor es imponer una limitación a su posible surtido. Que algunos de sus voceros defiendan la norma suena más bien a defensa de otros intereses.

Permanecen entonces las preguntas: 

¿Qué intereses se priorizan cuando se decide semejante irracionalidad? ¿Quién es el verdadero beneficiario de una medida orientada a dañar a las farmacias innovadoras para mantener al sector minorista atomizado, debilitado y ahogado financieramente?

Grupos preocupados por nuestro crecimiento quieren frenar la modernización del sector, aduciendo que el modelo de negocios –implementado ya por muchos en el país– es un atentado contra la salud pública. Parece irrisorio, pero avanzan con su cometido.

La respuesta pasa por el manejo del negocio de los medicamentos en el país. Es un sector que factura $ 50.000 millones al año, con precios muy por encima de los vigentes en países comparables. El tema excede esta nota y será objeto de debate pronto. Un anticipo: los ganadores son siempre los mismos: los laboratorios medicinales. Una mano maquiavélica, detrás de bambalinas, teje y da las órdenes.

*Presidente y cofundador de Farmacity.

Fuente: Diario Perfil.

Mario Quintana: "Iremos a la Justicia contra la resolución"

El presidente de Farmacity afirma que, con la norma que restringe los productos que pueden venderse, se intenta prohibir lo que la ley permite, lo cual es inconstitucional.

Desde su austera oficina sobre la avenida Santa Fe, Mario Quintana no duda en afirmar que la resolución 1632 del Ministerio de Salud es, además de inconstitucional, irracional. La norma, publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre pasado y que a partir de esa fecha otorga a las farmacias 90 días para adecuarse, impide vender productos que no sean medicamentos o de higiene y cosmética. Quintana es presidente y fundador de Farmacity, la cadena comercial -hoy perteneciente al Grupo Pegasus- que nació y creció con el concepto de góndolas en las que se ofrece una creciente variedad de bienes.

Que se pretenda prohibir lo que la ley permite, dice el ejecutivo, será un argumento central con el que se llevará el tema a la Justicia. Farmacity tiene 198 locales y 5477 empleados, de los cuales 534 son profesionales farmacéuticos. Los locales reciben más de 10 millones de visitantes cada mes y las ventas representan un 7% del total del rubro farmacéutico en el país -están en 13 provincias y no pueden instalarse, por cuestiones regulatorias, ni en Buenos Aires ni en Santa Fe-. El índice se eleva a más de 20% en la ciudad de Buenos Aires.

Para Quintana, está claro que se intenta frenar la expansión de Farmacity. Y apunta a los laboratorios: lamenta que en los últimos 50 locales inaugurados no se habiliten los descuentos para afiliados al PAMI, obras sociales y prepagas, un sistema del que la llave la tiene la industria de medicamentos. "Es un mito", afirma, respecto de que se acuse a la cadena de provocar el cierre de farmacias tradicionales. Para la crisis hay otras razones, dice. Que afectan a todos.

-¿Se reformulará ahora la estrategia comercial o se cuestionará la nueva resolución?

Más allá de que el texto no es del todo claro en cuanto a qué se pretende que dejemos de comercializar, a nuestro juicio es inválido e inconstitucional. Vamos a ir a la Justicia por varias razones. La Constitución dice que lo que la ley no prohíbe está permitido. La ley dice que las farmacias son un canal exclusivo para ciertos productos, y la interpretación que da la resolución es tergiversada, porque en ningún lado está dicho que las farmacias pueden vender solamente esos productos. Las habilitaciones de nuestras farmacias expresan qué rubros podemos vender; tenemos un derecho adquirido. La disposición no es racional; pretender que si una madre va a comprar un antibiótico para el hijo no pueda comprar un chupete para el hermanito, o un alfajor. Considerar que en eso hay un atentado a la salud pública es casi un insulto a la inteligencia de la gente. ¿Por qué vendemos esas cosas? Yo soy uno de los fundadores de Farmacity, arrancamos cuatro amigos formando una sociedad en 1996 y en 1997 abrimos el primer local, habiendo incorporado otros socios. Siempre hemos tenido como único foco el servicio a la gente. Entrevistamos a cientos de personas y diseñamos una propuesta para atender aquello que identificamos como necesidades insatisfechas.

-¿ Cuánto representa la venta de productos no farmacéuticos?

En las últimas 50 farmacias que abrimos, desde octubre de 2010, no podemos atender por PAMI, prepagas ni obras sociales. Para nosotros eso es muy doloroso, pero el alta lo da Farmalink, que está controlada por las tres cámaras de laboratorios en la Argentina, y ellos nos lo niegan. Nos gustaría atender a todas las obras sociales en todas las farmacias y creemos que ese acceso debería ser universal. Aclaro esto porque en esas farmacias vendemos menos medicamentos que en las otras. En las tradicionales, dos tercios de las ventas son medicamentos.

-Las farmacias están bajo el sistema de comisiones o bonificaciones que aplican las obras sociales y prepagas en las ventas a sus afiliados; hay quienes dicen que una cadena como Farmacity afecta la capacidad de negociación para bajar esas comisiones.

Farmacity paga comisiones que no decide y que son mucho más altas que las de cualquier otra farmacia. De un día para el otro y sin acuerdo, se decidió que la comisión al PAMI pasara en la ciudad de 17,5% a 26,5% del precio total. Los pacientes tienen descuentos de 40, 70 o 100%, y un porcentaje del precio total lo asume la farmacia. Nosotros compramos a la droguería con un margen de 32,8%, le pagamos al PAMI 26,5% y 1,55% nos descuenta la Cámara de Farmacias por el servicio de cobranza. Nos queda 4,75%, y si asignamos costos, el saldo es negativo. Como nos mueve la alianza con la gente y la culpa no es del jubilado, no dejamos de atenderlo. Tal vez el que subió la comisión (que no es el PAMI) tenía la expectativa de que dejáramos de atender.

¿Y la comisión en el caso de obras sociales y prepagas?

Para nosotros ronda 23% en la ciudad de Buenos Aires; el resto paga entre 17 y 20 por ciento. Farmacity siempre paga más y es una discriminación muy agresiva. Nosotros no queremos pagar mayores comisiones, nos las imponen. Hay poderes que controlan el mercado del medicamento; son los que definen las reglas de juego y los que han decidido que quieren frenar el crecimiento de Farmacity.

¿Algunos laboratorios?

Sí. Hoy la rentabilidad de la cadena de distribución es muy chiquita, mi estimación es que es menor a 5% y que 95% está en el eslabón que controla al sector. Se nos acusa de la crisis de la farmacia tradicional y yo pregunto: en los lugares donde no estamos, ¿también somos culpables?; ¿o habrá otro problema? La rentabilidad se redujo de manera muy significativa también para nosotros. Hay problemas estructurales y ya hablamos con colegas para hacerles ver que vendiendo otros productos se pueden solventar mejor. Y es mejor para el cliente, porque si todos los gastos tienen que ser bancados por el medicamento, hay presión sobre los precios.

¿ Cómo impacta la regulación de precios y la inflación?

El medicamento siempre ha tenido referencia de precios. Los precios nominales crecieron menos que la inflación y sensiblemente menos que nuestros salarios. La incidencia de salarios subió más del doble en los últimos 6 años y estamos muy de acuerdo con un modelo donde el trabajador participe más de la renta.

¿Qué rentabilidad tienen?

Menos de 2%; el negocio es finito.

¿Se venden menos medicamentos de venta libre al no poder tomarlos de la góndola?

La gente compra menos porque se ralentiza el servicio. Para esa medida, el argumento fue el de los riesgos de la automedicación. Estamos terminando estudios para ver el nivel de infectados por medicamentos de venta libre, y el nivel es cercano a cero. Si hubiera un problema, la Anmat debería declarar que el medicamento no es de venta libre y prohibir la publicidad. La medida es irracional y uno debería pensar que es para frenar nuestro crecimiento. Somos la empresa del rubro salud que más contacto cara a cara tiene con argentinos y eso nos da una gran responsabilidad. Ahora armamos un equipo de gente extraordinaria para hacer la Fundación Farmacity, trabajamos con Unicef y hacemos residencias para madres de bebes prematuros de familias en situación vulnerable. Cuento esto porque es lo que da sentido a nuestro rol empresario.

Presidente de Farmacity: "Es cierto lo que dice Moreno, los remedios están muy caros"

Mario Quintana coincidió con el secretario de Comercio en el problema inflacionario, pero no en la manera de solucionarlo. "No se resuelve con un 'corset'", dijo. Además, anticipó cómo será el impacto de la resolución que limita la venta de la cadena.


"Es cierto lo que dice Guillermo Moreno con respecto a que los medicamentos en la Argentina, están muy caros", declaró Mario Quintana, fundador y presidente de Farmacity en diálogo con radio Mitre.

Sin embargo, advirtió que "el precio de los medicamentos es muy complejo y no se resuelve con un 'corset'".
Al respecto, remarcó que "el problema escómo se distribuye ese precio en la cadena de valor" y completó: "Las farmacias están ahogadas, mientras que la rentabilidad de los laboratorios es muy alta".

Y aseguró que "en los últimos años los valores de los medicamentos han evolucionado nominalmente por debajo de la inflación".

El secretario de Comercio Interior ha estado convocando a las cámaras del sector para exigirles un detalle pormenorizado de sus números, por lo que se deja entrever una intención de continuidad en su política deintervención de precios.

Restricciones a las farmacias.

Quiroga habló también de la reciente resolución del Ministerio de Salud que prohíbe la venta de bebidas, golosinas y otros productos que no estén incluídos en la Ley de la Reglamentación, 17.565.
Es decir que a partir de su entrada en vigencia, es ilegal vender en una farmacia un babero, una barra de cereales o un par de medias.

"Fue una sorpresa poco grata", dijo que confirmó que la empresa está recurriendo a la Justicia. "Es una reglamentación que no tiene la potestad para prohibir algo que la ley de Farmacia permite", razonó.

"Por lo menos 500 puestos de trabajo están amenazados", aseveró el presidente de Farmacity, quien además recalcó el crecimiento del sector que ha alcanzado los 28.000 empleados en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
A su vez, remarcó que el modelo de farmacia que fundó en 1997 en la Argentina "fue evolucionando con el oído puesto en la gente y con vocación de servicio".

En ese sentido, enfatizó: "Estar abiertos las 24 horas de los siete días de la semana tiene un costo muy alto, pero entendemos que estamos hablando de salud".